Entre la crisis y la pandemia: la encrucijada del Paraguay

El Ejecutivo presentaba el 24 de marzo el proyecto de Ley que declara el estado de emergencia sanitaria en el país. Este proyecto, aprobado por ambas cámaras y que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo por el presente ejercicio fiscal, se compone de varios aspectos, por un lado, la asignación de subsidios a la población vulnerable para proteger el consumo durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento, y por el otro, el grupo de medidas económicas de contención de la crisis, las cuales guardan inquietante similitud con las sugeridas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), resultado de una encuesta realizada por el gremio a unos 375 empresarios de diversos rubros referidos al comercio y a los servicios, quienes proponen como medidas de contingencia la habilitación de líneas de crédito a corto plazo, reducción de los impuestos, mora en pago de impuestos, exoneración de multas por pago fuera de tiempo y de los intereses que corresponden, eliminación de los plazos para la presentación de los impuestos, la facilidad, postergación o mora en el pago de los servicios básicos, establecer la legislación sobre Trabajo en Casa, reducción de la “burocracia” para la importación y exportación, subsidios para las MIPYMES, moratoria general por 90 días en todos los vencimientos y pagos a realizar por las empresas, reducción del costo de los servicios públicos en un 50% y la moratoria en el pago a IPS, así como la exoneración de multas en IPS, mora y exoneración de multas en bancos, financieras, casas de crédito, etc., subsidio estatal a empleados en zonas de riesgo, refinanciación de créditos, préstamos de entes públicos y privados a largo plazo, revisión de las normativas laborales, moratoria en aumento de salarios tanto públicos como privados, eliminación de “beneficios desmedidos” a funcionarios públicos y atención diferenciada a las MIPYMES.
Es importante recordar que el sector de los servicios que incluye el servicios a los hogares, telecomunicaciones, comercio, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, culminó el 2019 con un desempeño positivo, registrando un incremento interanual del 4,2% y cerrando el tercer trimestre del 2019 con un crecimiento acumulado del 2,9%, siendo el único sector que mantuvo un desempeño positivo durante el anterior ejercicio fiscal, según refiere el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay.
Para sostener las medidas propuestas, el Ejecutivo goza de facultades extraordinarias que le permiten re direccionar los fondos aprobados en el PGN 2020 para destinarlos a las entidades que así lo requieran en el contexto de la crisis sanitaria. Para ello, se contempla la suspensión del pago de bonificaciones a trabajadores del sector público. Asimismo, se aprueba al Ejecutivo la contratación de empréstitos hasta USD 1.600 millones elevando el déficit fiscal al 5% y la deuda externa a USD 8.829,4 millones; equivalentes al 22% del PIB a precios corrientes del año 2019; superando, además, las Reservas Internacionales cuyo saldo a diciembre de 2019 fue de USD 8.494,4 millones, según el Banco Central del Paraguay.
La Sociedad de Economía Política viene denunciando el carácter insostenible del endeudamiento externo, así como la escasa voluntad política por parte del gobierno para exigir mayor contribución para el desarrollo a aquellos sectores que obtienen ganancias extraordinarias, como la banca que sólo en el año 2019 reportó utilidades netas de USD 464 millones, el sector de los agronegocios y por supuesto, el de las maquilas que en el año 2019 exportó por un valor de USD 722.652.168 millones, siendo además el sector que mayores beneficios obtiene por parte del gobierno, y cuyas condiciones de acumulación, teniendo en cuenta los beneficios de una economía, como la paraguaya, con un grado de liberalización escandalosa, les permite asumir parte del costo de la crisis. Sin embargo, el plan del gobierno pretende hacer recaer el peso para sostener este paquete de medidas de emergencia sobre la clase trabajadora, en general, y sobre las empresas y trabajadores públicos en particular, quienes en definitiva terminarán pagando los costos de la crisis como resultado de la estructura de un régimen tributario que beneficia a quienes más ganancias obtienen; pues no es un dato menor que de los cinco grandes contribuyentes tan sólo uno haya pagado el Impuesto a la Renta Personal en el año 2019, y que en este ejercicio fiscal se verán beneficiados con la ley de emergencia, que les permite posponer el pago de los impuestos por las utilidades obtenidas el año pasado y en donde el Estado dejará de percibir ingresos derivados del IRACIS, IRAGRO e IRP, al que se la añade el elevado grado de evasión fiscal por parte de grandes contribuyentes.
El impacto económico de esta crisis se resentirá al menos durante los próximos 15 años, como ya lo reconocía Benigno López, ministro de Hacienda; significando en el corto plazo el congelamiento de los salarios en el sector público por al menos 4 años, incluyendo el postergado aumento salarial al magisterio.
Consideramos que los recursos necesarios para enfrentar la difícil coyuntura económica y social no pueden ser obtenidos únicamente sacrificando a las empresas públicas, que ya vienen soportando procesos de descapitalización, y sobre los trabajadores, que constituyen el sector más vulnerable. Urge por tanto, la reestructuración de la deuda externa, siendo además, este el momento preciso, para imponer aranceles a aquellos sectores que mayores ganancias obtienen y que hoy, no quieren asumir parte del costo de una crisis que afecta sobre todo a quienes menos tienen.
En suma, las deficiencias del sistema de salud pública, así como la vulnerabilidad, precariedad e inseguridad laboral de la clase trabajadora para afrontar los desafíos en el marco de una crisis sanitaria mundial, es absoluta responsabilidad del sistema económico vigente y de los sucesivos gobiernos que lo han gestionado, en detrimento siempre, de los más vulnerables.

Documento de análisis – SEPPY 2020

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